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marzo 11, 2019

Aportaciones de Socios – Operaciones Vinculadas y nuevas resoluciones del ICAC

Aportaciones de Socios, Operaciones vinculadas y la nueva resolución del ICAC.

Se publico recientemente una Resolución del ICAC, que trata sobre los instrumentos financieros en la empresa, entre ellas una muy común realizada por las PYMES como son las Aportaciones de Socios, una clásica operación Vinculada, que puede  traer algún susto si no esta bien contabilizada.

Como se contabiliza?

Por la parte proporcional, la aportación se inscribe dentro de la sociedad como patrimonio neto, y el resto se percibe para el socio como una donación y para la sociedad como un ingreso extraordinario, ira a perdidas y ganancias y tributara por ello, así que mucho ojo!

Adjuntamos ahora la resolución completa y original. – 2019 03 05 – Resolucion ICAC

 

 

 

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marzo 08, 2019

Operacions Vinculadas – Sociedades Interpuestas por Personas Fisicas.

Operaciones Vinculadas – Impuesto de Sociedades.

Os adjuntamos una interesante nota de la Agencia Tributaria, guarda relacion con el Impuesto de Sociedades,  las Operaciones Vinculadas y la valoracion a precios de mercado.

NOTA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES POR PERSONAS FÍSICAS

I.- INTRODUCCION.

La Administración tributaria, a través de sus sucesivos Planes Anuales de Control Tributario Plan-de-control-tributario-2019 , ha puesto tradicionalmente un especial interés en controlar los riesgos fiscales relacionados con la interposición de sociedades en el proceso de facturación o canalización de rentas de personas físicas como consecuencia del desarrollo de una actividad profesional, así como los riesgos derivados de ostentar la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias. La experiencia en este tipo de control, sustentada en la doctrina administrativa y en los numerosos pronunciamientos de los tribunales al respecto, ha permitido establecer una serie de criterios generales que están siendo aplicados por la Administración tributaria para afrontar la comprobación de los riesgos fiscales mencionados.

La presente Nota tiene como principal cometido poner a disposición de los contribuyentes y asesores las pautas necesarias para facilitar, en garantía de los principios de transparencia y seguridad jurídica, el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, lo que sin duda servirá para reducir la litigiosidad, y advertir de aquellas conductas que la Administración tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico y, por tanto, susceptibles de regularización.

No se trata de impedir la posibilidad de que un contribuyente pueda realizar una actividad profesional por medio de una sociedad, lo cual se enmarca, a priori, en el derecho que asiste a cualquier profesional a elegir libremente la forma en que quiere desarrollar su profesión. Pero eso no significa que la Administración tributaria deba aceptar automáticamente la validez jurídica de todo tipo de operaciones de prestación de servicios realizadas por una persona física a través de una sociedad profesional, ni asumir necesariamente que en toda operación realizada a través de una sociedad profesional ha de admitirse que la intervención de la sociedad es real, ni tampoco admitir la valoración de las prestaciones cuando estas no respondan a un verdadero valor de mercado.

Ahora bien, una vez elegida la forma en que se va a desarrollar dicha actividad, lo que en ningún caso es susceptible de elección es el modo en que deben tributar las rentas que se obtengan a consecuencia de aquella, pues, como no puede ser de otra manera, esta va a estar condicionada irremediablemente por la verdadera naturaleza de la actividad realizada. Lo mismo puede afirmarse de los riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias cuando se traduce en la atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad.

II.- RIESGOS ASOCIADOS A LA INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES.

Dentro de las diferentes opciones que la ley prevé para la prestación de servicios profesionales, la persona física puede hacerlo bien en su propio nombre, como tal persona física, bien mediante la constitución de una sociedad profesional a la que prestará sus servicios. Ambas formas de organizar la prestación de servicios profesionales son a priori legales, sin perjuicio de que las rentas que se obtengan por los contribuyentes deberán someterse a tributación atendiendo a la opción escogida en cada caso, puesto que las consecuencias fiscales de una u otra son diferentes.

Pero el hecho de que un profesional tenga libertad para elegir la manera en que decide prestar sus servicios, de ninguna forma puede servir para amparar prácticas tendentes a reducir de manera ilícita la carga fiscal mediante la utilización de las sociedades a través de las cuales supuestamente se realiza la actividad (elusión de la práctica de retenciones, aplicación del tipo del Impuesto sobre Sociedades en lugar del IRPF, remansamiento de rentas, etc.). En palabras del TSJ de Madrid de 28 de enero de 2015 (rec. 1496/2012), sentencia confirmada por STS de 4 octubre de 2016 (rec. 2402/2015): “Es cierto que el ordenamiento permite la prestación de servicios profesionales a través de sociedades mercantiles, pero lo que la norma no ampara es que se utilice una sociedad para facturar los servicios que realiza una persona física, sin intervención de dicha sociedad instrumental, que es un simple medio para cobrar los servicios con la única finalidad de reducir la imposición directa del profesional”.

Por ello, en el análisis de la correcta tributación de este tipo de operaciones cobra especial importancia el examen de las circunstancias concretas de cada expediente con el objeto de poder determinar:

  • Si los medios materiales y humanos a través de los que se prestan los servicios (o realizan las operaciones objeto de comprobación) son de titularidad de la persona física o de la persona jurídica.
  • En caso de que tanto la persona física como la jurídica tengan medios materiales y humanos mediante los que poder prestar los servicios (o realizar operaciones), si la intervención de la sociedad en la realización de las operaciones es real.

 

En el supuesto de que la sociedad carezca de estructura para realizar la actividad profesional que se aparenta realizar, al no disponer de medios personales y materiales suficientes y adecuados para la prestación de servicios de esta naturaleza, o bien teniéndola no hubiera intervenido realmente en la realización de las operaciones, nos encontraríamos ante la mera interposición formal de una sociedad en unas relaciones comerciales o profesionales en las que no habría participado en absoluto, especialmente teniendo en cuenta el carácter personalísimo de la actividad desarrollada.

En estos supuestos de ausencia de medios materiales o no empleo de los mismos en la actividad profesional, la respuesta dada por la Administración tributaria ha consistido en ocasiones en la regularización acudiendo a la figura de la simulación definida en el artículo 16 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Sin embargo, en el caso de que efectivamente se concluya que la entidad dispone de medios personales y materiales adecuados y que ha intervenido realmente en la operación de prestación de servicios, el análisis de la correcta tributación de este tipo de operaciones debe ir dirigido a determinar si dichas prestaciones se encuentran correctamente valoradas conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS). Cuando la Administración tributaria detecte la incorrecta valoración, la reacción consistirá en la regularización y, en su caso, sanción de aquellos supuestos en los que exista una ilícita reducción de la carga fiscal en alguna de las partes vinculadas derivada de una incorrecta valoración de las operaciones.

Especial atención  a las Operaciones Vinculadas y la necesidad de valorar a precios de Mercado.

III.- RIESGOS ASOCIADOS AL REMANSAMIENTO DE RENTAS EN ESTRUCTURAS SOCIETARIAS

En otras ocasiones los contribuyentes tratan de localizar una parte relevante de su patrimonio en sociedades de su titularidad. La tenencia por parte del socio de bienes o derechos a través de una sociedad no es a priori una cuestión que de por sí sea susceptible de regularización, siempre que la titularidad y el uso 4 de dicho patrimonio se encuentre amparado en su correspondiente título jurídico y se haya tributado conforme a la verdadera naturaleza de dichas operaciones. No obstante, la experiencia ha permitido perfilar un conjunto de riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias que en ocasiones se manifiesta en una cierta confusión entre el patrimonio del socio y de la sociedad.

La atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad suele abarcar tanto la puesta a disposición de aquel de diversos bienes, entre los que es frecuente encontrar la vivienda (vivienda habitual y viviendas secundarias) y los medios de transporte (coches, yates, aeronaves, etc.), sin estar amparada en ningún contrato de arrendamiento o cesión de uso; como la satisfacción de determinados gastos entre los que se encontrarían los asociados a dichos bienes (mantenimiento y reparaciones) y otros gastos personales del socio (viajes de vacaciones, artículos de lujo, retribuciones del personal doméstico, manutención, etc.).

En ambos supuestos nos encontramos con conductas contrarias a la norma que se deben evitar y que, normalmente, se concretan en no registrar ningún tipo de renta en sede de la persona física (aunque el coste de aspectos privados de su vida es asumido por la sociedad). Por su parte, en la sociedad el único registro respecto de estas partidas suele ser la deducción del gasto y, en su caso, la deducción de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios que, de haber tenido directamente como destinatarios a un particular fuera de una actividad económica, nunca habrían podido deducirse.

En otras ocasiones la utilización por el socio de un bien de la sociedad (generalmente una casa, un vehículo, una embarcación o una aeronave) se ampara jurídicamente en la existencia de un contrato de arrendamiento o cesión de uso. En estos supuestos, a efectos de delimitar las posibles contingencias fiscales, resulta determinante el análisis de los contratos formalizados, para resolver si existiendo un contrato, la valoración de la cesión es correcta conforme al artículo 18 de la LIS.

Especial referencia se debe hacer de conductas más graves que se han detectado en las que se aparentan contratos de arrendamiento entre socio y sociedad, incluso en ocasiones pretendidamente acompañadas de una prestación de servicios propios de la industria hotelera, para intentar amparar la deducción de las cuotas de IVA, lo que ha llevado en determinados casos a considerar la existencia de contratos simulados. O aquellos otros en los que, junto con los riesgos ya apuntados en la primera parte del documento, se trate de compensar en sede de la sociedad interpuesta los ingresos con partidas de gasto, como los antes mencionados, no afectos en modo alguno al ejercicio de la actividad profesional por parte del obligado tributario y que se corresponden con gastos o inversiones propias de su esfera particular.

En definitiva, todas estas conductas podrían llevar aparejadas contingencias regularizables en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Patrimonio.

Muchas de estas operaciones, son las llamadas Operaciones Vinculadas, las operaciones entre un socio y su sociedad, y la necesisdad de valoracion a precios de mercado, las regularizaciones de este tipo pueden provocar ajustes positivos permanentes a la Base Imponible  del Impuesto Sociedades.

Adjuntamos ahora la nota original.Nota de la Agencia Tributaria sobre interposición de sociedades por personas físicas

Recuerde que en APF Consultores le podemos ayudar.

APF, creando relaciones duraderas.

 

 

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marzo 05, 2019

Operaciones Vinculadas. Impuesto de Sociedades.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. OPERACIONES VINCULADAS.

JURISPRUDENCIA. INTERÉS CASACIONAL.

TSJ 15 DE OCTUBRE DE 2018 Sala Tercera, Sección 2ª, Sentencia 1504/2018 de 15. Octubre 2018,Rec.4561/2017. Adjuntamos sentencia del Tribunal Supremo, STS-1504-2018

En este asunto de documentación de las operaciones vinculadas, la interpretación del régimen sancionador previsto en el apartado 10 del art. 16 TRLIS. Supuesto de exención de la obligación de documentación ya que la contraprestación del conjunto de operaciones entre la entidad y su socio no supera el importe de 250.000 euros de valor de mercado fijado en el artículo 18.4 e) del RIS. La sancionabilidad de la conducta está dentro de la aplicación del régimen sancionador de los arts. 191 a 195 LGT. Inaplicación de la exención total de responsabilidad contenida en el art. 16.10.4º TRLIS a los sujetos exonerados de la llevanza de la documentación relativa a las operaciones vinculadas. Inexistencia en estos casos de un concurso de normas entre los arts. 16.10.4º TRLIS, la Ley del Impuesto de Sociedades en su artículo 18.13 y 191 LGT.

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación formulado contra la sentencia del TSJ Madrid dictada en el procedimiento ordinario interpuesto frente a la resolución del TEAR Madrid desestimatoria de la reclamación instada contra la resolución sancionadora de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT de Madrid, por infracción tributaria relacionada con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2008 y 2009.

Adjuntamos a continuación el resto del articulo comentando la sentencia,Comentarios STS

APF Consultores desea ayudarle.

Construyendo Relaciones duraderas.

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marzo 04, 2019

DEDUCCION POR REINVERSION DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS – IMPUESTO DE SOCIEDADES

DEDUCCIÓN POR REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS:

FECHA EN QUE SE ENTIENDE MATERIALIZADA LA INVERSIÓN

  1. INTRODUCCIÓN

En la presente nota sintetizamos las principales condiciones a tener en cuenta para aplicar la deducción   en el Impuesto sobre sociedades (IS) por reinversión de beneficios extraordinarios, un incentivo fiscal que hemos considerado interesante recordar a la luz de la Resolución de 6 de noviembre de 2018 (Rec.9426/2015) del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

En la referida resolución (véase epígrafe 3), el TEAC reitera criterio indicando que cuando la reinversión por beneficios extraordinarios consista en la adquisición de unas participaciones sociales en el marco de una ampliación de capital de una entidad, esta se entiende materializada a la fecha en que se formaliza la escritura pública y no la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura en que se formaliza la operación societaria correspondiente.

  1. NORMATIVA Y CONCEPTOS CLAVE

Este incentivo fiscal se encuentra regulado en:

  • La Disposición transitoria 24ª.7 de la LIS – Ley Impuesto de Sociedades);
  • El artículo 42 de la LIS/04 (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LIS);
  • Y los artículos 39 y 40 del Reglamento del IS/04 (Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del IS)

Como sabemos, esta deducción ha sido derogada con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2015, no obstante, dado que la deducción se acredita cuando se realiza la reinversión dentro del plazo establecido, este incentivo puede aplicarse en los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2015 en las condiciones establecidas en la normativa vigente a 31-12-2014, aunque la reinversión y demás requisitos se produzcan en períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2015.

En definitiva, este incentivo fiscal todavía será aplicable en los dos casos siguientes:

  1. a) Transmisiones realizadas en períodos impositivos iniciados antes de 1-1-2015 cuyas rentas se han integrado en la base imponible de esos períodos, habiéndose realizado la reinversión en

 

esos períodos impositivos estando pendiente de cumplirse los requisitos exigidos en períodos impositivos iniciados a partir de esa fecha, o bien esté pendiente de realizarse la reinversión al inicio del primer período impositivo iniciado a partir de esa fecha.

  1. b) Transmisiones realizadas en períodos impositivos iniciados antes de 1-1-2015 cuyas rentas se integrarán en la base imponible de períodos impositivos iniciados a partir de esa fecha, como consecuencia de que la renta generada se hubiese acogido al régimen de las operaciones a plazos, estando pendiente de realizarse la reinversión y el cumplimiento de los requisitos exigidos

Adjuntamos un descargable explicativo.Deduccion por Re-inversion – nota-tecnica-n-1-2019-deduccion-por-reinversion-de-beneficios-extraordinarios-45

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febrero 11, 2019

PAGOS FRACCIONADOS – SOCIEDADES

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBERÁ PRONUNCIARSE SOBRE LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE PAGOS FRACCIONADOS DEL IS ESTABLECIDO POR RDL 2/2016

Te informamos que la Audiencia Nacional ha acordado plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por vulnerar lo dispuesto en los arts. 31.1 y 86.1 CE, contra el régimen de pagos fraccionados del IS establecido por Real Decreto Ley 2/2016 de medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que introdujo la disposición adicional 14ª en la Ley 27/2014 del IS con el fin de regular un régimen especial de pagos fraccionados para los grandes contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, fuera al menos 10 millones de euros),:

-Por un lado mediante la impugnación directa contra la Orden HAP/1552/2016 (Modifica modelos 222 y 202),

-Y por otro lado la impugnación indirecta contra el Real Decreto Ley 2/2016.

La Audiencia nacional acepta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad con base en dos argumentos:

-El empleo indebido de la figura del Real Decreto Ley para regular la materia tributaria. Según recuerda el Tribunal, la Ley General Tributaria califica la obligación de pago a cuenta como tributaria y autónoma de la obligación tributaria principal (tributaria en cuanto supone cumplir con el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, al menos durante un tiempo limitado, y autónoma en cuanto que es independiente de la obligación principal) pero en tanto que no se determina la carga tributaria que deba en definitiva soportar el contribuyente es la carga tributaria que efectivamente soporta el mismo durante el ejercicio fiscal.

-Lesión del principio de capacidad económica. Aunque finalizado el periodo impositivo se determine una cuota tributaria inferior a la presión fiscal soportada durante el tiempo transcurrido entre el ingreso del pago fraccionado y el ajuste en la liquidación final del Impuesto por el contribuyente, no puede decirse que éste no haya sido lastrado por dicha presión fiscal y no haya estado contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos.

En efecto, el sujeto pasivo habrá tenido que hacer frente a los pagos a cuenta y tomar las prevenciones necesarias para tener liquidez de tesorería con la que afrontar los mismos y ese esfuerzo fiscal no desaparece por el mero hecho de que la liquidación del impuesto arroje un resultado a devolver, pudiendo haber tenido importantes repercusiones en la situación financiera de la sociedad y en la actividad empresarial que no dejan de existir por el hecho de que luego se devuelva una parte de lo pagado sin intereses.

 

En el momento que se produzcan novedades con respecto a este tema, te las iremos comunicando puntualmente.

Adjuntamos Nota Informativa.PF – nota-info-no22-19-el-tribunal-constitucional-debera-pronunciarse-sobre-la-posible-inconstitucionalidad-13

Gabinete de estudios APAFCV – APF

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febrero 06, 2019

Operaciones Vinculadas a vigilancia en el nuevo Plan de Control Tributario

Las Operaciones Vinculadas y el Impuesto de Sociedades en el nuevo plan de control tributario

Deseamos realizar un abordaje de las operaciones vinculadas y el impuesto de sociedades, y la nueva vigilancia a la que están sometidas con el Plan de Control Tributario.

Por este motivo no trataremos todo el plan, sino los aspectos más relevantes que en nuestra opinión pueden ser interesantes que un empresario conozca, entre ellos los que afectan al impuesto de sociedades y las operaciones vinculadas.

SINTESIS DEL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO

507   Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices

generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019.

 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, desempeñando una importante labor para contribuir al saneamiento de las cuentas públicas, y conseguir los recursos necesarios con los que financiar los servicios públicos.

Para ello, la Agencia Tributaria tiene establecidos como objetivos estratégicos fundamentales y permanentes desde su creación tanto la prevención como la lucha contra el fraude fiscal.

Las experiencias internacionales ponen de manifiesto la complejidad del fenómeno del fraude tributario, de manera que no puede combatirse únicamente con medidas de control a posteriori, sino que exige la combinación de medidas preventivas de diversa índole.

En esta línea, la Agencia Tributaria pretende continuar reforzando todas las actuaciones dirigidas a mejorar el cumplimiento tributario, mediante la transparencia de la información, el impulso de la asistencia, las actuaciones dirigidas a la intensificación de la depuración censal, la política en materia recaudatoria o el desarrollo del Código de Buenas Prácticas Tributarias, buscando, de esta manera, orientar su actuación mediante la utilización de actuaciones preventivas previas o simultáneas a la presentación de las autoliquidaciones.

Igualmente, se desarrollarán actuaciones de comprobación e investigación sobre los obligados tributarios en los que concurran perfiles de riesgo, lo que requiere la definición previa de los criterios básicos y de las áreas de riesgo fiscal que se consideren de atención prioritaria para el ejercicio.

 

Las directrices generales del Plan de Control Tributario giran en torno a cuatro grandes pilares:

1.– Información y asistencia. Prevención de los incumplimientos.

2.– La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y

aduanero. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude.

3.– El control del fraude en fase recaudatoria.

4.– La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.

1.-INFORMACIÓN Y ASISTENCIA. PREVENCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS

La Agencia Tributaria tiene establecido como objetivo estratégico, además de la lucha contra el fraude fiscal, la prevención del mismo. Y ello exige el diseño de una estrategia de asistencia integral que consiga reducir las cargas administrativas soportadas por los contribuyentes y favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y, con ello, prevenir el incumplimiento.

En 2019 se pretende continuar potenciando tanto la diversidad como la calidad de los servicios de información y asistencia prestados a los contribuyentes, priorizando el uso de las nuevas tecnologías frente a los medios tradicionales de asistencia presencial, para permitir una asignación más eficiente de los recursos materiales y humanos disponibles. De este modo, se garantizará a los contribuyentes la realización de trámites de forma más ágil y eficaz, gracias a los sistemas telemáticos de asistencia y a la disponibilidad de medios de identificación y de comunicación electrónicos.

 

2.-LA INVESTIGACIÓN Y LAS ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN DEL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO. EL FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE

El proyecto, emprendido por la Inspección Tributaria, de definir no solo las cuantías regularizadas, sino también cuáles son los motivos de las regularizaciones en los distintos expedientes constituye una pieza básica para el futuro de la planificación del control tributario. No puede ser indiferente si las regularizaciones derivan de una incorrecta aplicación de la norma en materia de imputación temporal de ingresos y pagos que si, por el contrario, han sido consecuencia de la detección y regularización de una omisión de ventas, una indebida deducción de gastos, una simulación o una ocultación de rentas o patrimonios.

 

2.1.- Nuevas fuentes de información y avances tecnológicos en el análisis de riesgos.

En resumen, la información recibida por la Agencia Tributaria se ha visto incrementada a partir del segundo semestre del año 2017 y durante el año 2018 como consecuencia de la ampliación y puesta en funcionamiento de tres proyectos de distinto origen y naturaleza, cuyo proceso exige de la Agencia Tributaria un notable esfuerzo:

– La incorporación a las bases de datos de la Administración tributaria, desde el 1 de julio de 2017, de un importante volumen de información a partir de toda la facturación emitida y recibida por las entidades integradas en el SII de IVA.

– La generalización del intercambio automático de información de cuentas financieras en el extranjero titularidad de residentes en España, en la medida en que el año 2018 ha supuesto que un número muy significativo de jurisdicciones se hayan incorporado al proyecto CRS (Common Reporting Standard), desarrollado por la OCDE e impulsado por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información.

– Operaciones Vinculadas. La recepción de información referente al denominado «Informe País por País» como parte del Proyecto OCDE/G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (conocido como «BEPS», Base Erosion and Profit Shifting)..

– Por último, 2019 verá la aparición de una obligación de información inédita en su contenido y naturaleza. Se trata de la obligación de revelación de mecanismos de planificación agresiva y otras técnicas de ocultación de la titularidad de rentas y activos, derivada de la transposición de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en materia de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, conocida como DAC 6. Así, cualquier intermediario, consultor o asesor estará obligado por ella. Esta nueva fuente de información contribuirá a una mayor transparencia, facilitando tanto la prevención como la corrección de comportamientos evasores o elusivos.

 

2.2.-   Control de tributos internos.

2.2.A.-Grupos multinacionales y grandes empresas.

Dentro de las actividades previstas se consideran de gran relevancia las actuaciones de naturaleza preventiva tendentes a garantizar las bases tributarias y a otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes. Se trata de actuaciones que no sólo buscan la eficacia sino también la eficiencia en la utilización, por parte de la Administración, de recursos escasos.

Dentro de estas actuaciones preventivas se prevé continuar, en línea con años anteriores, con la política de fomento de los Acuerdos Previos de Valoración en materia de precios de transferencia y reparto de costes o beneficios, tanto de carácter unilateral como, particularmente, los de carácter bilateral y multilateral, en sintonía con lo que sucede en países de nuestro entorno.

Asimismo, especial trascendencia para los grupos multinacionales tienen los Procedimientos Amistosos («MAP», por sus siglas en inglés: Mutual Agreement Procedure), que constituyen un mecanismo de solución de conflictos entre dos Administraciones tributarias cuando la actuación de una, o de ambas, produzca una imposición no conforme con el Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI) suscrito entre ambos estados

Como segunda gran línea de actuación destaca la lucha directa contra el fraude, a través de actuaciones directas de comprobación, siendo conveniente incidir en la fase de selección de casos a comprobar para optimizar el uso de los recursos especializados que esta actividad consume. En este sentido los funcionarios especializados

de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, destacan los mencionados intercambios automáticos de información sobre diversas rentas y la información derivada del Informe País por País (Country-by-Country report) derivado de la Acción 13 del citado Proyecto BEPS.

Las principales áreas sobre las que versarán las actuaciones, las siguientes:

a.- Medidas anti-elusión, proyecto BEPS.

b.- Precios de transferencia. Operaciones Vinculadas.

c.-tipo de operaciones derivado de la propia vinculación de las entidades participantes y de las dificultades de la Administración para acceder a la información relevante que permita un adecuado control de este tipo de operaciones hace que se trate de un ámbito prioritario para las actuaciones inspectoras en 2019. Como elemento de cierre del sistema tributario se prestará atención al cumplimiento de las obligaciones de documentación en materia de precios de transferencia

Si bien existen normas específicas dirigidas a combatir la elusión en el ámbito de las operaciones financieras, siguen existiendo riesgos fiscales propios de las operaciones fiscalmente vinculadas de carácter financiero que serán objeto de atención.

También se prestará especial atención en materia de precios de transferencia al análisis de riesgos a la luz de la nueva información disponible y de los resultados que se deriven de su potenciación.

 

 

Otros ámbitos que, por su importancia relativa o por su riesgo fiscal, serán objeto de atención singular son los siguientes: las reestructuraciones empresariales, las actividades realizadas por entidades amparadas en estructuras funcionales de bajo riesgo empresarial declarado e importante presencia en la economía, tanto en el ámbito de la fabricación como de la distribución, así como determinados pagos que pueden erosionar significativamente la base imponible como pueden ser los servicios intragrupo o los pagos por cánones derivados de la cesión de intangibles.

No sólo las minoraciones de la base imponible serán tenidas en cuenta a la hora de guiar las actuaciones inspectoras, sino que la falta de declaración de ingresos, como los que se puedan derivar de prestaciones de servicios o de cesiones de intangibles no repercutidos, gozarán de atención prioritaria.

 

d.-Establecimientos permanentes. Se seguirá, como en años anteriores, poniendo énfasis en la detección de establecimientos permanentes no declarados debido a la inmediata merma de ingresos tributarios que ello produce. No obstante, como consecuencia del fortalecimiento de las normas internacionales para evitar la elusión de la figura del establecimiento permanente tras el Proyecto BEPS, se atenderá especialmente a la correcta atribución de resultados a este tipo de operativas para evitar situaciones de elusión consistentes en la declaración de la existencia de establecimiento permanente, pero comportando una mínima tributación no acorde a la legalidad vigente.

e.-Paraísos fiscales y regímenes preferenciales. Junto con la actividad desde un punto de vista político a través de la participación en los Organismos Internacionales que lideran la lucha contra estos territorios y regímenes favorecedores de conductas evasivas y elusivas, las actuaciones inspectoras velarán por la correcta aplicación de las normas antiparaíso existentes en la normativa. Se pondrá especialmente el foco en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de este tipo de territorios y regímenes y que puedan ser o sean replicadas o estandarizadas para el uso por parte de una pluralidad de contribuyentes.

2.2.-B. Análisis patrimonial. La Agencia Tributaria potenciará las actuaciones de análisis

Objetivo común de la detección de bienes, derechos ocultos y rentas no declaradas con el objeto de regularizar la situación tributaria de los contribuyentes incursos en actuaciones calificadas como defraudatorias.

En este sentido, la concurrencia de riesgos fiscales asociados a la titularidad y la capacidad de gestión de grandes patrimonios, especialmente cuando una parte de los mismos pueda estar ubicada en el exterior.

 

Concretamente, se continuarán impulsando las investigaciones de conductas de fraude fiscal concretas que suponen una desimposición derivada de la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español. De igual modo, se llevarán a cabo investigaciones respecto de aquellos supuestos de ocultación de rentas y patrimonios a través de estructuras societarias interpuestas opacas o fiduciarias situadas en territorios calificados como paraíso fiscal o en territorios con importantes restricciones en el intercambio de información. Y todo ello sin olvidar la investigación de supuestos de opacidad más domésticos y rudimentarios, fundamentadas en la utilización de testaferros nacionales o sociedades interpuestas o pantallas.

 

2.2.C.-  Ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de sociedades.

Es indudable que, cuando se reconoce la existencia de signos externos de riqueza o de determinados niveles de rentabilidad financiera inconsistentes con los indicadores de actividad que resultan poco acordes a los niveles de rentas declaradas, es preciso abordar con todas las técnicas recogidas en párrafos anteriores la tradicional tarea de regularización de las divergencias y contingencias fiscales de los contribuyentes afectados por éstas.

Por último, conviene reiterar como en años anteriores que la utilización de las formas societarias y las relaciones de éstas con los socios, trabajadores, administradores o personas vinculadas con ellos, así como con otras sociedades controladas por las mismas personas, también será, objeto de análisis con el fin de verificar si se está produciendo una minoración improcedente de la correcta tributación de la actividad desarrollada.

En definitiva, la interposición de personas jurídicas cuya única significación económica sea la de servir como instrumento para canalizar rentas de personas físicas cuya tributación se ve reducida de modo irregular por la actual diferencia de tipos impositivos seguirá siendo objeto de seguimiento general, sin perjuicio de análisis concretos que permitan detectar inconsistencias como las citadas anteriormente o, por ejemplo, por la indebida incorporación a los resultados de la actividad de gastos personales no relacionados con ésta.

Por todo ello, la Agencia Tributaria mantendrá, a lo largo de 2019, la ejecución de una estrategia coordinada, sucesiva e intensa de lucha contra la ocultación de ingresos, reiterando las siguientes líneas prioritarias de comprobación:

  1. Presencia de la Administración en aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social de rechazo sobre su propia existencia.
  2. Personación en las sedes donde se realiza, de modo efectivo, la actividad económica para intentar acabar con todas aquellas irregularidades de carácter meramente formal, como sin duda alguna con aquellos supuestos más graves relacionados con la falta de ingresos declarados y, en general, cualquier otro incumplimiento susceptible de regularización.
  3. Ejecutar, en el entorno de aquellas actividades económicas en las que se detecte una presencia intensiva de consumidores finales, las actuaciones de control que resulten precisas para evitar que se produzca una falta de repercusión efectiva en el último escalón de la cadena del IVA.
  4. La existencia de sociedades carentes de una estructura productiva real sigue siendo un modo de facilitar la ocultación de rentas que se obtienen de modo efectivo, pero las inconsistencias entre las magnitudes declaradas y la realidad económica deben ser atacadas por la Administración.
  5. Los contribuyentes que hayan sido objeto de regularizaciones tributarias deberán modificar los importes declarados y, de no ser así, provocar en la Administración la necesidad de perseverar en dichas tareas hasta consolidar el cambio en el comportamiento del contribuyente.
  6. Actuaciones dirigidas a evitar el uso abusivo de personas jurídicas con la única finalidad de canalizar rentas de personas físicas de manera que se reduzcan improcedentemente los tipos impositivos aplicables.
  7. Análisis de supuestos de sociedades vinculadas con una persona o grupo familiar con el fin de evaluar de modo conjunto las operaciones económicas desarrolladas y los efectos que, entre ellas, se puedan derivar en una minoración en las rentas o bases declaradas.

 

  1. Análisis de nuevos modelos de negocio. La investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica, y las criptomonedas.
  2. -Otras actuaciones.

E.1 Actuaciones de control relativas al IVA.

E.2 Actuaciones de control vinculadas a la existencia de tramas de IVA

E.3 Actuaciones de control relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades.

El procedimiento regulado en la Ley General Tributaria en materia de Inspección constituye un cuerpo muy sólido, exigente y garantista de normas. Este procedimiento, debido a su larga duración, con frecuencia se emplea en complejas revisiones contables de sociedades con importes netos de cifras de negocio medianos o grandes.

Junto con esta realidad a la que la que la Inspección no puede dejar de atender, convive una segunda realidad, que es el mundo de las sociedades con muy baja actividad. Aun considerando que una parte de estas sociedades están inactivas de facto, existe otro colectivo, igualmente numeroso, de pequeñas sociedades comerciales o industriales que son empresarios cualitativamente avanzados que no pueden dejar de someterse a control.

Por ello, para el ejercicio 2019 la Agencia Tributaria ha previsto la realización de actuaciones conjuntas de las áreas de Gestión y de Inspección sobre dicho colectivo. Los perfiles de la actuación pretenden combinar controles extensivos propios del área de Gestión, con aquellos otros de naturaleza más intensiva, propios de la competencia del área de Inspección.

Ambas modalidades de comprobación están inspiradas por una finalidad común, y se coordinarán a través de un órgano central que, una vez definidos los riesgos de cada segmento, los repartirá de la forma más eficiente para el cumplimiento del objetivo estratégico, que está constituido por la mejora global del comportamiento tributario de estas microempresas.

Las actuaciones a desarrollar sobre este colectivo o segmento de sociedades serán de alguno de los tipos siguientes:

  1. Actuaciones extensivas iniciadas por el área de Gestión por medio del procedimiento de comprobación limitada regulado en los artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria.
  2. Actuaciones inspectoras trasladadas desde el área de Gestión al área de Inspección en aquellos supuestos en los que el procedimiento inspector sea la forma de terminar el procedimiento de comprobación limitada. En particular, se prestará atención a aquellos contribuyentes que obstruyan la comprobación limitada, así otros que, por tener una contabilidad desarrollada, no puedan ser adecuadamente revisados por medio de ésta.
  3. Actuaciones seleccionadas autónomamente para comprobación inspectora en función de rangos de actividad, de beneficios, de ventas o de cobros que se reputen incoherentes con las normales del sector y que por ello hagan oportuna la comprobación.

Para ello, la Agencia Tributaria tratará de que sean conocidos por los obligados tributarios cuáles son esos rangos considerados como críticos por parte de los Servicios de Inspección, facilitando de este modo a los obligados tributarios una mayor comprensión de sus obligaciones que conduzcan a incrementar las bases imponibles declaradas haciéndolas más adecuadas a su nivel real de actividad.

  1. Actuaciones seleccionadas en función de riesgos concretos de incumplimiento que, por su naturaleza, pueden ser comprobados por medio de procedimientos inspectores de corta duración.

La realización de este novedoso proyecto dentro de la actividad de Inspección Tributaria exigirá una leve modificación en la estructura organizativa de las Dependencias que permita a éstas disponer de unidades de actuación mucho más flexibles, y dotadas de personal con una cualificación adecuada a esta finalidad del control abreviado.

La presencia en los locales de actividad del obligado tributario resulta en este punto esencial, ya que el proyecto trata, mediante una mayor presencia, de inducir una mejora paulatina, pero firme, en el cumplimiento general del conjunto de las sociedades del colectivo.

Por otra parte, con el objeto de garantizar la máxima eficacia en la lucha contra el fraude y de conformidad con la normativa tributaria vigente y las facultades de organización de la Agencia Tributaria, se reforzará el mecanismo de la extensión de competencias cuando resulte necesario para el adecuado desarrollo del Plan de Control Tributario y Aduanero en el ámbito de los Departamentos de Inspección Financiera y Tributaria y de Aduanas e Impuestos Especiales.

La extensión de competencias se acordará, con arreglo a la normativa reguladora, tanto en favor de las unidades integradas en una Dependencia Regional de Inspección de una Delegación Especial como de la propia Dependencia, al ámbito territorial de otras Delegaciones.

Las actuaciones planificadas contra la economía sumergida podrán realizarse mediante la adopción de acuerdos, de colaboración o de extensión de la competencia inspectora, en orden a reforzar los equipos locales, cuando así lo exija el tipo de actuación a realizar. En particular, se empleará esta potestad en aquellos casos en los que la naturaleza de las actuaciones exija coordinar la simultaneidad de un número elevado de las mismas en una ubicación determinada o, por otras razones, convenga el refuerzo de los equipos locales con equipos experimentados de otras dependencias.

Igualmente se utilizará esta potestad cuando existan áreas geográficas en las que se aprecie una concentración muy elevada de perfiles de riesgo cuyo tratamiento sistemático requiera la adopción de este tipo de acuerdo, de colaboración o de extensión de la competencia inspectora.

E.4 Actuaciones de control sobre grupos fiscales y de entidades.

E.5.-El control y la actualización de la información censal.

E.6 Actuaciones de control en el marco de las relaciones con las Haciendas forales.

2.3.-Control del fraude aduanero, de los Impuestos Especiales y Medioambientales.

2.3.A. Prevención y control del fraude aduanero

2.3.B.-Prevención y control del fraude de productos objeto de Impuestos Especiales.

2.3.C.-Prevención y control del fraude de Impuestos medioambientales.

  1. – CONTROL DEL FRAUDE EN FASE RECAUDATORIA

4.- COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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enero 31, 2019

Plan de Control Tributario 2019

Plan de Control Tributario.
A continuacion os presentamos un descargable, a modo de resumen y síntesis,  el Plan de control tributario de este año fue  publicado  en la (Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la AEAT, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019)

La AEAT, obtendra mas informacion de los nuevos sistemas de esta año, el  SII y del “Informe-pais-por-pais”.

Esta nuyeva informacion servira para el estudios de los  perfiles de riesgo.

El estudio de los grandes grupos y multinacionales, las operaciones vinculadas y la deteccion de bienes, derechos ocultos y rentas no declaradas seran sus principales lineeas de actuacion.

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enero 21, 2019

Operaciones Vinculadas – Palo al profesional que factura a través de sociedad

PALO AL PROFESIONAL QUE FACTURA A TRAVÉS DE SOCIEDADES.

Cuando una persona física, o profesional presta servicios y factura  a través de una sociedad, debe imputarse en su IRPF la totalidad del beneficio obtenido por la sociedad, lo que significaría un importante incremento de la factura fiscal de los profesionales

La resolución de 2 de marzo de 2016 del TEAC, se origina en relación con la aplicación del método del precio libre comparado,  para aclarar si existen o no operaciones vinculadas.

Se analiza el caso de una sociedad que presta servicios profesionales a terceros,  sin contar de los medios materiales ni humanos necesarios,  fuera de la intervención del administrador de la sociedad y socio mayoritario,  que es el único profesional capaz de prestar dichos servicios mismos. En consecuencia, la sociedad no aporta ningún valor añadido,  sustancial,  a la labor de la persona física.

El Tribunal considera que la segunda operación (la acordada entre la sociedad y el tercero) es una operación no vinculada, comparable no siendo necesaria la incorporación de una corrección de valor por la mera existencia de la sociedad, sin perjuicio de las correcciones que se puedan realizar por la procedencia de gastos deducibles fiscalmente en el seno de la sociedad.

  • Los servicios prestados por profesionales a traves de sociedades y el TEAC.

Considera el TEAC,  que el servicio prestado por la sociedad al tercero,  coincide exactamente con el servicio prestado por la persona física,  (servicio de carácter personal) a la sociedad vinculada, dado que ésta es el activo fundamental e imprescindible para que ésta desarrolle su actividad. Tampoco encuentra diferencias significativas en cuanto a las características de los mercados en los que se prestan los servicios. E igualmente no aprecia diferencias destacables en cuanto a las responsabilidades, riesgos o beneficios de las partes contratantes derivadas de los términos contractuales.

En conclusión, la Resolución valida la utilización del método del precio libre comparable,  cuando se esté ante servicios prestados por sociedades que carezcan de la estructura necesaria para la prestación de servicios profesionales a terceros y, sin decirlo, sirvan como medio para diferir o disminuir la carga fiscal de las operaciones, en su conjunto, al situar la tributación en sede de la sociedad y no de la persona física. En definitiva, el TEAC considera que cuando una persona física presta servicios a través de una sociedad, el beneficio obtenido debe imputarse en su IRPF.

  • Parece evidente que con esta Resolución, se abre una vía para que la Inspección pueda regularizar a las personas físicas profesionales que presten sus servicios  y facturen a través de sociedades, imputándole la totalidad del beneficio de la sociedad. Ahora bien, para ello se deberán dar dos circunstancias:

  • 1ª. Que el servicio que presta el profesional a la firma y el de ésta a sus clientes sean sustancialmente iguales.

  • 2.ª Que la sociedad carezca de medios para realizar la operación al margen de la necesaria e imprescindible participación de la persona física, no aportando en consecuencia la sociedad valor añadido a la labor de la persona física profesional.

En el siguiente vídeo comentamos esta interesante Resolución del TEAC:

https://youtu.be/iP4udfj2Abc

https://operacionesvinculadas.ciss.es/landing/articulos/golpe_profesionales_facturan_a_traves_sociedades.htm

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enero 15, 2019

¿Va a comprar o a vender una empresa?

¿CUANTO VALE MI EMPRESA?

¿VA A COMPRAR O VENDER UNA EMPRESA?

Si va a comprar o a vender una empresa deberia  conocer los diferentes aspectos jurídicos, laborales, fiscales y financieros a tener en cuanto antes de iniciar un proceso de comprar-venta de sociedades.
Tanto su quiere vender su negocio, pues no tiene sucesores o desea hacer crecer su negocio con una adquisición de una empresa, debe tener en cuenta varios aspectos:
– Conocer el valor de la empresa y conozca cuál es su fuerza negociadora

– Tomar en consideración una serie de aspectos más formales, un estuduio redactado por profesionales en procesos de “Due Diligence”.
– Analizar la situación del negocio y asegurarse de que no va a tener sorpresas en un futuro.

La valoracion de empresas debe realizarla un profesional del sector, que realice una valoracion a precios de mercado, y comprar o vender una empresa es una tarea compleja que puede accarrear sorpresas.

 

En APF Podemos ayudarle.
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