Todo lo que debes saber sobre el Silencio administrativo

Alguna vez has escuchado hablar sobre el Silencio administrativo. Pero en realidad no tienes ni idea de que se trata. Pues bien, si está leyendo esto es que buscas saber que es el Silencio administrativo, cómo funciona y que pasa si la administración no te contesta.

Esta es una situación más común de lo que se piensa, a la que el ciudadano se enfrenta cuando interviene ante una Administración pública. Es cuando esta administración no da una respuesta a las solicitudes que hace este ciudadano, dentro de los plazos que fija la ley. De esta forma, va provocando situaciones de incertidumbre y, en ocasiones, de auténtica indefensión.

¿Qué pasa si una administración no me contesta?

La falta de resolución expresa en los actos administrativos, produce el efecto   llamado silencio administrativo. Las Administraciones Publicas por Ley están obligadas a resolver cualquier solicitud por parte de los ciudadanos. En caso de que no se haga, se otorgan unos efectos a la falta de pronunciamiento por parte de la Administración Publica, para que el ciudadano no quede indefenso ante el órgano que debería resolver la solicitud entregada.

Estos organismos pueden ser el Banco de España, un juzgado o cualquier administración del Estado. Así que, en estos casos, los ciudadanos se preguntan qué implicaciones puede haber y si existe alguna manera para que referido órgano administrativo responda a sus peticiones.

¿Qué es el silencio administrativo y en qué se diferencia del silencio administrativo positivo del silencio administrativo negativo?

Una vez pasado el plazo en que dicho organismo tenía que contestar al ciudadano, se impone el silencio administrativo. Esta figura, la del silencio administrativo no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico. Pero se ha ido balanceando en el tiempo, desde el clásico (Silencio administrativo negativo) hasta las posiciones de mayor protección para el derecho del ciudadano, de tal forma que hoy en día lo general es el (silencio administrativo positivo).

Diferencias entre uno y otro:

• Silencio administrativo negativo: Cuando un organismo no toma ninguna acción respecto a las solicitudes recibidas por parte de los ciudadanos.
• Silencio administrativo positivo: La inacción de la Administración supone aceptar las solicitudes de los particulares, salvo de que hay una norma que diga lo contrario.

La regulación actual del procedimiento administrativo o del silencio administrativo se encuentra en la ley 39/2015, de 1 de octubre.  Además, establece en su artículo 21 la obligación de informar públicamente de los efectos que produce el silencio.

Definición de la figura del Silencio administrativo

La figura del Silencio administrativo aparece para dar solución al problema de falta de respuesta por parte de las administraciones a los ciudadanos. La Administración no responda a las peticiones, consultas, reclamaciones, quejas, recursos o sugerencias, que le pueden ser planteados.

Se puede definir como: Ficción jurídica, creada para proteger a los ciudadanos ante los constantes incumplimientos por parte de las Instituciones públicas, de su obligación en responder a las solicitudes de los particulares. Podemos decir de otra forma; lo que hace el silencio administrativo es dar un alto valor y vinculante al mutismo de la Administración de forma que la persona sabe de antemano si le contestan o no. De esta forma podrá reaccionar en consecuencia.

Estimación y desestimación por silencio

• La estimación por silencio administrativo tiene la consideración, a todos los efectos, del acto administrativo que finaliza el procedimiento.
• Las desestimaciones por silencio administrativo tienen solo los efectos de permitir, a los interesados, que interpongan el recurso administrativo o contencioso que resulte procedente.

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán generar tanto frente a la Administración como ante cualquier persona física o bien jurídica, pública o privada.

Silencios administrativos y ERTES

Debido las dudas que han surgido estos días sobre de qué forma, y sobre todo en qué momento, se debía gestionar un ERTE, pasamos a responderlas del modo siguiente:

Por fuerza mayor, los ERTES se comprenden aprobados por silencio administrativo positivo como regla general y por imperio de la Ley, trascurrido el plazo de cinco días desde su petición si la autoridad laboral no se ha pronunciado en ese plazo. Pero debido a la crisis del Covid-19 hay que tener en consideración que, en muchas Comunidades Autónomas, entre ellas la capital de España, ese plazo se ha ampliado a diez días debido a la cantidad de ERTES presentados.

En lo que se refiere a los ERTES por causas técnicas, organizativas o bien de producción, el silencio administrativo no es de aplicación, por las peculiaridades propias de su tramitación.

Esta tramitación de ERTES ha suscitado algunas dudas incluso entre los agentes que se hacen cargo de su tramitación. Una de las dudas más frecuentes ha sido:

¿Qué ocurre cuando la entidad laboral competente no responde?

Es una de las cosas que a día de hoy sigue pasando, dada la cantidad de ERTES presentados en un corto plazo de tiempo. Pues bien, en este caso, si la autoridad laboral no contesta en un plazo determinado, y para que los expedientes no queden sin una solución, se aplica el silencio administrativo. Informarte que en APF Consultores ofrecemos servicio de  asesoría en Ribarroja, Lliria, Ribarroja, gestoría en La Eliana, La Pobla de Vallbona, Vilamarxant y Valencia.

Preguntas frecuentes

¿Qué obligaciones tiene la administración?

La administración está obligada a dictar una resolución expresa en todos y cualquiera de los procedimientos administrativos. Independientemente de si estos se inician a instancias de los interesados o del interés de la propia administración.

¿Están obligados los ciudadanos a colaborar con la administración pública?

Los ciudadanos están obligados a facilitar a la administración, los informes requeridos, acceder a realizaciones de inspecciones y de otros actos de investigación. Estos últimos, solo en los casos que esta obligación sea prevista legalmente.

¿En qué idioma se tramitan los procedimientos administrativos?

En los procedimientos que son tramitados por la Administración General del Estado, se emplea en castellano. Pero si deseas dirigirte a una Administración con sede en tu Comunidad Autónoma, puedes también hacerlo en la lengua oficial. En estos casos es el ciudadano el que elige la lengua para el procedimiento. También se puede dar el caso de que, en un procedimiento concurren varios interesados y cada uno desea una lengua distinta, siendo así el procedimiento se desarrollará siempre en castellano.