APF en formación continua, esta mañana hemos estado presentes en las Jornadas tributarias de nuestra Asociacion Fiscal.
https://www.apafcv.es/noticias/post/solo-falta-1-dia-para-las-xxvi-jornadas-tributarias-26-y-27-de-septiembre-de-2019
Aqui podemos ver un link al programa, https://drive.google.com/file/d/1ZZKLxCyyDksRudONsVTYD3prFcRLanvi/view
HACIENDA VS CONTRIBUYENTE – EL MODELO 720 – DECLARACIÓN DE BIENES EN EL EXTRANJERO – ¿QUIÉN GANA?
La elevada litigiosidad por el controvertido modelo 720, la declaración de bienes y derechos en el extranjero, sigue poniendo de evidencia que el problema, lejos de resolverse, se encona. Prueba de ello es el diferente trato dado en los tribunales, en los que a veces gana el contribuyente y otras Hacienda.
En síntesis, los litigios obedecen a una creencia generalizada de que en dependencias judiciales, se adoptarán las apreciaciones realizadas por funcionarios de Bruselas, de que Hacienda se “extralimita” en la imposición de sanciones a los incumplidores. En concreto cuando estos presentan sus declaraciones fuera de plazo. Ese severo régimen de sanciones impone multas que a veces superan el 150% de la cantidad no declarada.
El ‘culebrón’ ha seguido este verano. Por un lado, a finales de agosto, el diario El País publicaba una información dando cuenta de las sanciones de la Agencia Tributaria. El Fisco ha penalizado a 5.000 contribuyentes desde que puso en marcha esta controvertida declaración informativa en el año 2013. Dos años después, en 2015 se logra el máximo de expedientes abiertos.
Precisamente en ese año, Europa abre un procedimiento sancionador a España y, en junio de 2019, la Comisión Europea da un paso más en la dirección de poner coto a esas sanciones, y decide llevar a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE por imponer “sanciones desproporcionadas” a los contribuyentes que no notifican que tienen activos en el extranjero, como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros.
Este criterio ha sido el empujón final que necesitaban algunos contribuyentes para interponer recursos a sus sanciones. Pero no todos los tribunales españoles han recogido el guante. Hay pronunciamientos judiciales de todos los colores.
Los expertos fiscales del CEF recopilan los últimos criterios judiciales. De todos ellos destaca la sentencia del TSJ de Cataluña de 20 de mayo del 2019. El Tribunal de Cataluña considera que, si a la AEAT le consta que efectivamente la Comisión Europea emplazó a España a modificar la legislación reguladora de la declaración de bienes en el extranjero por vulnerar la libre circulación de capitales y entender desproporcionado el régimen sancionador, “no haciéndolo así es de apreciar ausencia de la debida motivación del presupuesto de la culpabilidad», por lo que la sanción debe anularse.
El TSJ de Extremadura ha hecho públicas tres sentencias referidas a este mismo tema, todas ellas dictadas durante el mes de julio de este año, que también aluden al expediente incoado por la Comisión Europea el 19 de noviembre de 2015 de un procedimiento de infracción contra España. Sin embargo, no las resuelve en el mismo sentido.
En la primera de ellas, de 11 de julio de 2019, el tribunal considera que si bien el expediente advierte de la posible vulneración de la normativa comunitaria del régimen sancionador aplicado, resulta que en el caso concreto, la sanción de 5.800 euros en relación con el valor y número de bienes no declarados y las circunstancias de los mismos, no puede ser tachada de desproporcionada ni la resolución adolece de falta de motivación. El tribunal no comprende que una persona que posee esos bienes en el extranjero en esa cuantía alegue desconocimiento de la normativa española. Y mantiene la sanción al entender que sí está asesorada en sus obligaciones fiscales y tributarias.
Este mismo criterio se mantiene en una sentencia posterior, de 18 de julio de 2019 en la que la Sala se remite a la dictada el 11 de julio y considera que la sanción impuesta no se estima desproporcionada, así tampoco se aprecia la ausencia de motivación alegada. A la vista de la declaración, que refleja un importe total de 359.476 euros en relación a un global de 29 acciones y valores que posee en Suiza y que dichas acciones y valores corresponden a entidades situadas en países como Luxemburgo o Irlanda, lo que denota que «el actor tiene ciertos conocimientos económicos que no se corresponden con los de un ciudadano medio.» A ello se suman las campañas llevadas a cabo por la Agencia Tributaria en relación al modelo 720 y que, a la vista del valor de los bienes que el recurrente posee en el extranjero, se concluye que dispone del correspondiente asesoramiento económico y, por lo tanto, fiscal, por lo que la sanción debe confirmarse.
En cambio, otra sentencia del mismo tribunal, fechada el 22 de julio de este año, anula la sanción al contribuyente pues considera que la Administración en modo alguno razona la declaración de culpabilidad, pues desconoce que anteriormente se había presentado una declaración dentro del plazo, y la de ahora es una complementaria de la anterior.
BRUSELAS LO TIENE CLARO Y HABLA DE DESPROPORCIÓN Y DISCRIMINACIÓN
El Ejecutivo comunitario considera que las sanciones que impone la Hacienda española son superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional, y pueden incluso superar el valor de los activos poseídos en el extranjero. Entiende que, si bien España tiene derecho a imponer sanciones, estas «son desproporcionadas y discriminatorias» y «pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único». Para Bruselas, estas disposiciones «entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales».
La Comisión había abierto en 2015 un procedimiento de infracción contra España por este motivo. En febrero de 2017 avanzó un paso más y le pidió que tomase medidas para modificar sus normas sobre los activos en países de la UE o en el Espacio Económico Europeo (los 28 Estados de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega), el denominado «Modelo 720».
Pese a que a priori España tenía dos meses para hacerlo, más de dos años después el país aún no ha cumplido, por lo que Bruselas ha decidido remitir el caso a la máxima instancia judicial comunitaria.
Fuente: Invertia
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A continuación reseñamos una sentencias y resoluciones del TEAC, Tribunal Económico Administrativo Central, que pueden resultar de tu interés para futuras campañas del IS.
Puedes acceder al texto completo en el enlace que incluye la sentencia indicada. (TEAC, de 06-11-2018, RG 6419/2016).
El resumen de la citada sentencia es el criterio establecido siguiente:
No haber acreditado la insolvencia no puede erigirse como motivo para denegar el cómputo de la perdida, toda vez que para dotar la correspondiente provisión no se exigía tal insolvencia declarada sino solo la posible insolvencia en el articulo 12.2 cuya letra a) no exige tal circunstancia a diferencia de lo que ocurre en los casos de entidades vinculadas, según prevé el último párrafo de ese mismo apartado 2 del precepto. El que un acreedor no realice acciones dirigidas al cobro efectivo de los créditos que pudieran acreditar la imposibilidad de cobro, puede significar una renuncia de sus derechos, que a efectos fiscales debe considerarse como una liberalidad en los términos establecidos en el artículo 14.1.e del TRLIS.
Pero esta afirmación no puede hacerse de modo absoluto e indiscriminado, habida cuenta que la norma no lo menciona y, por ende, ha de ponderarse en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, debiendo aparecer ciertos indicios, en función de las relaciones entre las entidades, dicción de los contratos, etc. que avalen tal conclusión de renuncia de derechos y consiguiente liberalidad.
Es decir:
En el articulo 13, de la LIS, LIS – Ley Impuesto de Sociedades, . Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los elementos patrimoniales y también en El artículo 12.2 del TRLIS, en la redacción aplicable al ejercicio de referencia dispone:
“2. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.
Otra cosa, seria que ademas las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente, pero el articulo no lo vincula.
Recuerde, en APF Consultores podemos ayudarle.
Uno de los pocos incentivos Fiscales para la optimización fiscal del Impuesto de Sociedades es la Reserva de Capitalización.
Los contribuyentes tendrán derecho a una reducción en la base imponible del 10 por ciento
del importe del incremento de sus fondos propios, con un límite del 10 % de la Base Imponible.
Recogida en el articulo 25 de la LIS – Ley Impuesto de Sociedades.
2.1.- Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años… desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la entidad.
– El importe de dicho incremento vendrá determinado por la diferencia positiva entre los
fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los
fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior, y sin tener en cuenta determinados conceptos.
– No obstante, a los efectos de determinar el referido incremento, no se tendrán en cuenta
como fondos propios al inicio y al final del período impositivo:
– Las aportaciones de los socios.
– Las ampliaciones de capital o fondos propios por compensación de créditos.
– Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de reestructuración.
– Las reservas de carácter legal o estatutario.
– Las reservas indisponibles que se doten por aplicación de lo dispuesto en el artículo
105 de esta Ley y en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
– Los fondos propios que correspondan a una emisión de instrumentos financieros compuestos.
– Los fondos propios que se correspondan con variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de una disminución o aumento del tipo de gravamen de este Impuesto.
Estas partidas tampoco se tendrán en cuenta para determinar el mantenimiento del incremento
de fondos propios en cada período impositivo en que resulte exigible.
A tener en cuenta:
La reserva de capitalización dotada se tendrá en cuenta a los efectos de determinar el incremento de los fondos propios y el mantenimiento del tal incremento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 25.2 de la LIS. Por lo tanto, la reserva de capitalización dotada formará
parte de los fondos propios existentes al inicio y al final del ejercicio de la misma forma
que el resto de partidas integrantes de tales fondos no excluidas a efectos de determinar su
incremento y posterior mantenimiento del mismo.
…con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo previsto en
el párrafo anterior.
A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva, en los siguientes
casos:
– Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
– Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a
las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del
Título VII de la LIS.
– Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal.
Dicha reducción de la base imponible en ningún caso podrá superar el importe del 10 por ciento de la base imponible positiva del período impositivo previa a esta reducción, a la integración a que se refiere el artículo 11.12 de la LIS y a la compensación de bases imponibles negativas.
En el supuesto en que la base imponible sea insuficiente para aplicar la reducción, de la reserva de capitalización en el impuesto de sociedades, las cantidades pendientes podrán ser objeto de aplicación en los períodos impositivos que finalicen en
los 2 años inmediatos y sucesivos al cierre del período impositivo en que se haya generado el
derecho a la reducción, conjuntamente con la reducción que pudiera corresponder, en su caso,
por aplicación de lo dispuesto en este artículo en el período impositivo correspondiente, y con
el límite previsto en el párrafo anterior.
Para el calculo de la Reserva de Capitalización en el impuesto de sociedades tendremos en cuenta estos criterios:
El importe de dicho incremento vendrá determinado por la diferencia positiva entre los
fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los
fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior, y sin tener en cuenta determinados conceptos.
Si tiene alguna duda, en APF podemos ayudarle.
APF Consultores, para Sociedades
APF Gestoria, para autonomos y low-cost
Existen unos incentivos para la contratacion deparados de larga duración que pueden llegar a ser de 1500€ al año.
A continuación exponemos el texto de la Medida 42, publicada en el BOE el 09 de abril de este 2019.
Si bien el nivel de paro de larga duración, ha descendido en los últimos años, continúa siendo un reto mantener esta tendencia positiva.
Buena parte del paro es de larga duración, por lo que la atención a las personas desempleadas de larga duración es crucial.
Para mejorar el nivel de empleo de este colectivo, se ha pensado en esta medida. Ya que con la prolongación de la situación de desempleo se pierden paulatinamente las posibilidades de reinserción en el mercado laboral.
En este sentido, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto‐ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
Este se inserta dentro de las medidas adoptadas con el objetivo de luchar contra la precariedad, el paro y la pobreza laboral, actuando sobre el colectivo de personas en situación de desempleo de larga duración.
A dichos efectos, en el artículo 8 del citado Real Decreto‐Ley se introduce un incentivo para los empleadores.
Incentivo a que contraten indefinidamente a personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación.
Dicho incentivo a la contratación de PLD será una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Bonificacion por trabajador contratado de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante un periodo de 3 años.
Cuando estos contratos se concierten con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante el mismo periodo de tiempo. Y si el contrato se celebra a tiempo parcial las bonificaciones se disfrutarán de manera proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato.
la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos 3 años desde la fecha de inicio de la relación laboral y mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante, al menos, 2 años desde su celebración.
Los Servicios Públicos de Empleo, en su tarea de intermediación laboral, promoverán la realización de este tipo de contratos dirigidos a las personas en PLD.
Dejamos aqui el link al BOE. del 9 de abril donde se publico.
Referente al Impuesto de Sociedades, en la compensacion de las BINS, Bases Impobibles Negativas, resulta interesante recordar que, conforme te informábamos en nuestra nota informativa nº 15 de este año, según criterio fijado doctrinalmente por el Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante TEAC), en su resolución 1510/2013 de 4 de abril de 2017 (remitida en nuestra nota informativa nº76 de 2017) y según se ha pronunciado recientemente la Dirección General de Tributos en consulta V2496-18 de 17 de septiembre (remitida en nuestra nota informativa nº104 de 2018), el hecho de no presentar la autoliquidación correspondiente a un ejercicio dentro de plazo implica que la sociedad no ha ejercido el derecho a compensar bases imponibles negativas (en adelante, BINS) optando por su total diferimiento, no siendo posible rectificar esta opción a través de la presentación de una autoliquidación extemporánea (artículo 119.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, LGT).
En este orden de ideas, te informamos ahora que el TEAC ha matizado su criterio resolviendo un supuesto no planteado hasta ahora (véase epígrafe 2).
1.1. Resultados negativos de ejercicios anteriores
Como consecuencia de la existencia de normas fiscales que difieren de las contables, no es posible equiparar completamente el concepto de resultado negativo o de pérdidas, con el de base imponible negativa, la diferencia procede de los ajustes positivos y negativos que se han realizado para determinar la base imponible.
La Ley fiscal reconoce la posibilidad de compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores con las positivas que obtenga la empresa, siempre que la empresa acredite, mediante la exhibición de la contabilidad y de los soportes documentales, la procedencia y cuantía de aquellas cuya compensación pretenda, cualquiera que fuera el ejercicio en que se originaron. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases imponibles negativas compensadas o pendientes de compensar, prescribe a los 10 años desde el día siguiente a la finalización del plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al período impositivo en el que se generó el derecho a la compensación de esas bases imponibles negativas (artículo 26 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS).
Expresamente se establece que debe tratarse de bases negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación. La compensación de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores no puede exceder de la renta positiva derivada de las operaciones del ejercicio.
El importe máximo compensable está limitado al 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de las propias bases imponibles negativas.
Se han establecido límites a la compensación de bases imponibles negativas a los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios de los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo sea al menos 20.000.000 euros (Disposición adicional 15ª LIS), así:
– si es de al menos 20.000.000 euros e inferior a 60.000.000 euros, 50% de la base imponible previa a la reserva de capitalización y a la compensación de las bases negativas;
– si es de al menos 60.000.000 euros, 25% de la base imponible previa a la reserva de capitalización y a la compensación de las bases negativas.
Cualquiera que sea el límite aplicable, pueden compensarse bases imponibles negativas hasta el importe de 1.000.000 euros.
Bajo determinadas condiciones, existe una exclusión total a la compensación las bases imponibles negativas, cuando se den los siguientes requisitos:
– participación adquirida;
– grado previo de participación;
– vinculación; y
– situación de la entidad adquirida.
Recordar que la compensación de bases imponibles negativas no está condicionada al saneamiento financiero de las pérdidas (TEAC 11-7-89).
El TEAC, en su , matiza el criterio de su anterior Resolución de 4 de abril de 2017, puesto que se plantea un supuesto no contemplado en aquella, como es qué solución debería darse, para el caso de una entidad que, no habiéndose compensado BIN alguna en su día o habiendo compensado menos de las que pudo, ve como el importe de BIN’s de períodos anteriores susceptibles de compensación que tiene aumenta, y entonces, visto ese aumento, opta por sí compensar o por compensar un importe de BIN’s superior al que compensó con su declaración inicial. Este aumento del importe de las BIN’s de períodos anteriores susceptibles de compensación puede haber venido de la mano de una resolución económico-administrativa o jurisdiccional que así se lo hubiera reconocido.
Pues bien, el Tribunal entiende que, en estos casos de compensación de BIN’s, lo dispuesto por el artículo 119.3 de la Ley 58/2003 General Tributaria (LGT) de que “las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración”, debe interpretarse y entenderse que es así rebus sic stantibus (estando así las cosas o mientras las cosas no cambien), con lo que, si la situación en que se ejercitó la opción inicial cambia a posteriori, y ese cambio de la situación tiene como causa última una improcedente actuación de la Administración, que en su día minora unas BIN’s con una actuación que los Tribunales terminan anulando, deberá aceptarse que la opción inicialmente emitida pueda mudarse. Y, efectivamente, podrá mudarse, pero no de manera libérrima y olvidándose totalmente de aquello por lo que se hubiera optado en la declaración presentada dentro del período reglamentario para hacerlo, porque el artículo 119.3 LGT dice lo que dice, y el Tribunal no defiende que deba desatenderse a lo que dispone.
Así, en tal sentido, el Tribunal Central entiende que, aceptando que la opción inicial podrá mudarse si la situación en que se ejercitó tal la opción cambia, la solución más respetuosa con lo que dispone ese artículo 119.3 LGT, es considerar que la posibilidad de optar de nuevo se abre sólo sobre la parte que “de nueva” tenga la situación posterior respecto de la inicial, y que respecto de lo que ya se optó en su día en la situación inicial, esa opción queda bajo los efectos de dicho artículo 119.3 LGT; lo que supone que, más que propiamente de una muda o cambio de la opción anterior, lo que se abre es la posibilidad de optar respecto de algo nuevo sobre lo que antes no se había podido optar; y siempre por un cambio de la situación que haya tenido como causa última una improcedente actuación de la Administración.
Por último, la voluntad mostrada cuando se optó inicialmente (no compensar, compensar en parte, o todo lo posible) no podrá extrapolarse, trasladándola por una presunción, a la opción posterior, que se adopta en una situación nueva y distinta de lo anterior. Así, cuando en su momento una sociedad optó por compensarse sólo una parte de la BIN aceptada por la Inspección que creía tener, tomó esa decisión. Una decisión que no puede extrapolarse para, sin más, después, cuando tras la resolución del Tribunal Económico Administrativo tiene una BIN de millones de euros, sostener que su voluntad era compensar sólo una proporción de la BIN que efectivamente tuviera.
Adjuntamos link a la nota tecnica.
APF- nota-tecnica-n-8-2019-criterio-actual-acerca-de-la-consideracion-de-BINS
LA RESERVA DE CAPITALIZACIÓN COMO INCENTIVO FISCAL DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
La reserva de capitalización constituye un nuevo incentivo fiscal, dirigido a favorecer la autofinanciación empresarial, recogida en el artículo 25 de la Ley del Impuesto de Sociedades, de ahora en adelante la LIS – Ley Impuesto de Sociedades, y viene a sustituir a:
A diferencia de otros incentivos, la reserva de capitalización se articula como una reducción de la base imponible y no como una deducción de la cuota, y además no está condicionada a la materialización de ninguna inversión.
A grandes rasgos, consiste en recompensar la capitalización de las empresas mediante una reducción de su base imponible, o dicho de otra manera, como si se reducieran sus ingresos.
La condición es que los beneficios obtenidos permanezcan en la empresa incrementando las reservas durante un periodo de cinco años.
Mas información de cómo aplicar este incentivo fiscal a su empresa en APF Consultores.
APF Consultores puede ayudarles.
Acompañamos las nuevas líneas de financiación del Institut Valencià de Finances (IVF) que permitirán financiar inversiones para la expansión o realización de nuevos proyectos en la empresa, proyectos de carácter innovador para la comercialización de un producto o proyectos empresariales con impacto positivo en el empleo, entre otras actuaciones.
Los últimos instrumentos financieros por el IVF son:
A través de esta línea, que cuenta con un presupuesto de cerca de 62,7 millones de euros, se podrán financiar proyectos:
Los beneficiarios de este Programa pueden ser Pymes con sede social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad en la Comunitat Valenciana, con las excepciones recogidas en la convocatoria (art. 5), que cumplan los siguientes requisitos:
La financiación se realizará a través de préstamos subordinados, que son un tipo de deuda cuya principal característica es que el rango de pago de principal e intereses al prestamista en caso de concurso tiene preferencia sobre los accionistas, pero queda subordinado frente a la deuda ordinaria. El préstamo tiene las siguientes características:
Dada la naturaleza subordinada de la financiación, su concesión estará vinculada a la captación por parte de la empresa solicitante de financiación adicional ajena y/o nuevos fondos propios para la empresa, que con carácter general deberá ser por un importe de al menos del 50% de la financiación aportada.
Las solicitudes se pueden presentar mientras dure el programa operativo FEDER CV 2014-2020 hasta que se agote el presupuesto asignado, o hasta la fecha que acuerde el Consejo Ejecutivo de gestión de los Fondos FEDER.
Más información:
Se trata de cinco nuevas líneas a través de las cuales se concederán préstamos bonificados (en tramo no reembolsable o en tipo de interés) al desarrollo de proyectos e inversiones de empresas de la Comunitat Valenciana. Concretamente, las nuevas líneas de financiación bonificada son:
Estas líneas financiarán:
Estas cinco líneas se unen a las dos ya existentes, que se publicaron en el DOGV el pasado mes de marzo (Préstamos IVF-Inversión y Préstamos IVF-Circulante) que no tenían ningún tipo de bonificación, aunque sí condiciones de operación financiera ventajosas.
El DOGV nº 8542 publica la Resolución del IVACE por la que se convocan ayudas para la
adquisición de vehículos eléctricos, denominado Programa Moves.
Atención a:
– Artículo 3º: Punto 2 y punto 3 (letras d, e, f, i)
– Artículo 4º: Punto 3
Entidades beneficiarias: Profesionales autónomos, personas físicas y personas jurídicas
(Artículo 7º).
Plazo presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
Hay que dirigirse a un concesionario acreditado, consultar en la dirección:http://energia.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7472:programa-moves-vehiculos-comunitat-valenciana-2019&catid=437:ayudas-2019-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
Indicarles que las ayudas contemplan también la adquisición de motocicletas eléctricas puras,
con subvención de hasta 750€.
Mas informacion en:
Texto completo de la resolución:2019 05 – Resolucion DOGV PROGRAMA MOVES – ayudas VEHICULOS ELECTRICOS 2019 05 – Resumen – Programa MOVES
Extracto a modo de resumen:2019 05 – Resumen – Programa MOVES
APF Consultorees puede ayudarle.
La libertad de amortización en la liquidación del<impuesto de sociedades, es una opción o un derecho?
Pues bien, ha habido una unificación de criterios y el TEAC, el Tribunal Económico Central, ha establecido lo siguiente:
«La libertad de amortización es una opción y sólo puede ejercitarse en el plazo reglamentario de presentación de la declaración. De forma que, si un sujeto pasivo decide en la declaración de un ejercicio no acoger a «la libertad de amortización» determinados bienes y/o derechos, posteriormente ya no podrá mudar esa opción respecto de ese ejercicio. Pero ello no le impedirá poder disfrutar del beneficio en los ejercicios siguientes, aunque la libertad de amortización alcance a los mismos bienes y /o derechos.»
Es decir, que si la empresa decide no realizar este beneficio fiscal, en la presentación voluntaria del impuesto de sociedades, una vez presentada la liquidación ya no podrá cambiarlo.
El debate era determinar si la libertad de amortización funciona como una opción, en los términos de artículos 119.3 Ley 58/2003 General Tributaria LGT , donde no se puede luego cambiar, o funciona como un derecho en los términos del articulo 120.3 de la LGT.
A continuación y a modo académico, os adjuntamos el link de la sentencia, Libertat de amortizacion – Opcion y no un derecho.- TEAC
Recuerde, bien sea una Pyme o una empresa de Reducida Dimensión, APF puede ayudarle.
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